La Comisión Financiera ha iniciado estudios para dar un paso más de justicia financiera para proteger los derechos de los consumidores, se trata de una iniciativa para establecer un marco regulatorio de la contabilización de intereses en créditos.
“Desde esta comisión estudiaremos que exista un límite (en el cálculo de intereses). No queremos provocar el colapso del sistema financiero, sino que queremos regular los abusos contra el pueblo”, declaró la presidenta de la comisión, Dania González.
La regulación en estudio tendrá alcance para los bancos, cooperativas, casas de empeño y compañías de servicios de telefonía que comercializan productos y servicios al crédito.
“Hay muchas personas que lo han perdido todo porque en algún momento prestaron dinero a una financiera y, por este modelo de negocio, les han quitado casas y carros. No es posible que a los salvadoreños se les esté cobrando el 500 o 600 por ciento de intereses”, denunció el diputado de la bancada cyan, Caleb Navarro.
Señaló que, si bien los intereses establecidos en los contratos no llegan a ese porcentaje, al caer en mora, estos se calculan sobre el valor total de la deuda (que incluye comisiones, recargos e intereses) y su crecimiento no tiene techo.
La práctica anterior se mantiene pese a que la Ley de Protección al Consumidor establece, en su artículo 12, que no podrán cobrarse intereses sobre intereses devengados y no pagados, ni sobre comisiones y recargos, sino sobre los saldos diarios pendientes de cancelar.
Asimismo, los legisladores advirtieron que las tasas de interés en el país son más altas respecto a Estados Unidos. En uno de los bancos de la nación norteamericana las tasas van desde el 14% hasta el 22.9%, y en una de las instituciones financieras del país oscilan del 20 al 60 por ciento (promedio del mercado nacional).
Ante esta situación, los diputados efectuarán un análisis por segmento de crédito para evaluar la proporcionalidad de las tasas de interés; considerarán los riesgos, costos operativos y el recurso humano de la banca; sin embargo, deberá prevalecer el interés social.
Manifestaron que una de las prioridades de la mesa legislativa es velar porque los salvadoreños tengan acceso a mejores fuentes de financiamiento. Además, mientras la población tiene más oportunidades, se garantizará que ninguna de estas instituciones se lucre de la necesidad de los consumidores.
“La mayor parte de las personas que hacen uso de crédito de pago a plazos es por necesidad; la necesidad no debe ser un insumo que garantice la rentabilidad de los negocios”, afirmó la diputada de Nuevas Ideas, Aronette Mencía.
La comisión, en sus próximas reuniones, iniciará discusiones con representantes de las instituciones financieras del país para establecer la regulación, entre estos: ABANZA, FEDECRÉDITO, FEDECACES, INSAFOCOOP, PRESTO, La Cornucopia.
La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANZA) envió una invitación a la presidenta de la comisión, con espacio para dos diputados más de su elección, para un desayuno o almuerzo “para establecer relaciones cordiales y el desarrollo del tema financiero en el país”.
La diputada aclaró que las reuniones se efectuarán solo en la Asamblea Legislativa, de manera pública y serán convocadas solo por ella, como presidenta de la comisión. Reiteró que ningún diputado está autorizado para hacer negociaciones fuera de la mesa legislativa.
“Vamos a hacer las discusiones pertinentes, llamados y convocatorias necesarias de cara a la ciudadanía salvadoreña”, subrayó.
