Los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional, el exdiputado Rodolfo Párker desde la Asamblea Legislativa, más el prófugo Salvador Sánchez Cerén desde el Ejecutivo, actuaron sincronizados para facilitar la evasión de $280 millones.

Todo comenzó con la resolución de la Sala de lo Constitucional de mayo 2018, con la que le quitó las herramientas al ministerio de Hacienda para investigar ejercicios fiscales más allá de tres años. El exdiputado Párker promovió un decreto que distorsionaba el cumplimiento de esta sentencia, para cortar de golpe una serie de auditorías que estaban en proceso.

Los diputados de ARENA contribuyeron con sus votos y así nació el decreto 127. Después, el prófugo Sánchez Cerén, en contraste con la posición política de su partido, sancionó el decreto 127 desde la Presidencia de la República.

El Ejecutivo señaló la doble moral de quienes defienden a estos exfuncionarios: “Esta es la ‘institucionalidad’ que defienden. Esta era la famosa ‘separación de poderes’ (que de separación no tenía nada). Esto es a lo que quieren que volvamos”, expresó.

El ministro de Hacienda presentó una solicitud ante la Sala para dar seguimiento al cumplimiento de esa sentencia de 2018, es decir, la que originó la maniobra posterior.

“Se puede verificar un incumplimiento o desobediencia por parte de los diputados” de legislatura 2018-2021, comentó el funcionario, quien recordó que el objetivo de la solicitud es identificar las opciones disponibles para recuperar esos $280 millones.

De este modo, el titular de Hacienda rechazó que se trate de una persecución política. “Aquellos que les roban los fondos públicos a los salvadoreños siempre van a tener una excusa. Nosotros no perseguimos empresarios. Perseguimos evasores de impuestos”, puntualizó.

El compromiso  es con el uso correcto de los fondos públicos ha quedado demostrado con la confianza que depositan los organismos multilaterales, la histórica inversión social y la efectividad de la inversión pública para impulsar la economía.