La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) condenó los actos del Gobierno al confiscar la concesión de buses y microbuses al empresario del transporte colectivo, Catalino Miranda.

La gremial señaló que todos los actores privados están sujetos a regulación en el ejercicio de su libertad económica, pero esa regulación se debe hacer conforme a la ley, siguiendo el debido proceso y principalmente sin intervención militar.

La ANEP señaló que la expropiación no solo viola el derecho a la propiedad privada de una persona o empresa sino que pone en riesgo el patrimonio que construyen con esfuerzo y somete a los empresarios a la discrecionalidad de los mandatarios.

“La constitución faculta al Estado para administrar provisional y excepcionalmente los servicios públicos prestados por empresas privadas pero en los artículos 106 110 y 112 es clara al indicar que se prohíbe confiscar y sólo puede retomar servicios cuando hay un riesgo en la continuidad”, se lee en el comunicado emitido.

La gremial señaló que durante los años 2006, 2007 y 2014 han abogado por una reforma estructural y efectiva del transporte público salvadoreño, teniendo en cuenta que un transporte público eficiente y de calidad es un pilar del desarrollo económico inclusivo de las naciones.

Cuestionaron si la expropiación y la confiscación ayudará a traer inversión y a generar más empleos, donde aseguran la propiedad privada, ya no está garantizada.

Lamentaron que El Salvador como otros países latinoamericanos recurra  equivocadamente a la confiscación como solución de corto plazo “con ello sólo traen más pobreza y miseria a sus ciudadanos”.