Fiscales generales de 20 estados de EE.UU. presentaron el 30 de agosto una demanda contra la Administración de Joe Biden por las directrices federales aprobadas por la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el Departamento de Educación, según las cuales se considera discriminación la negativa de reconocer la identidad de género de una persona.

En particular, las directrices permiten que las mujeres trans participen en equipos femeninos escolares o que los empleados utilicen los baños en sus lugares de trabajo de acuerdo con su identidad de género.

La demanda fue presentada por Herbert Slatery, el fiscal general de Tenessee, seguido por Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Virginia Occidental.

De acuerdo con el comunicado difundido por Slatery, la petición está destinada a "impedir que la Administración de Biden imponga interpretaciones nuevas, expansivas e ilegales de las leyes federales contra la discriminación". De acuerdo con la querella, las agencias federales no tienen la autoridad para resolver unilateralmente los asuntos tan "localizados" y "controvertidos".

"Prerrogativa del Congreso"
"Este caso es sobre dos agencias federales cambiando la ley, que es la prerrogativa exclusiva del Congreso", reza el comunicado.

Los demandantes creen que las agencias, que publicaron directrices basándose en el caso de Bostock, cuando la Corte Superior de EE.UU. dictaminó que los empleadores no pueden despedir a sus trabajadores por su identidad de género u orientación sexual, malinterpretaron la decisión. Según los documentos, el dictamen de la Corte Superior abarca exclusivamente la terminación de empleo.

De este modo, la coalición de los estados pide a la corte que se declare inválida la directriz y, en particular, que la prohibición no se extienda al uso de duchas, vestuarios y baños separados basándose en el sexo biológico en las escuelas y puestos de trabajo, que los individuos no estén obligados a utilizar los pronombres preferidos por una persona transgénero, que no se prohíban los equipos deportivos separados por sexo biológico, al igual que los códigos de vestimenta bajo los mismos parámetros en los lugares de trabajo.

"Todo esto, sumado a la amenaza de retener los fondos educativos en medio de una pandemia, justifica una demanda", sostienen los reclamantes.